Los casos que subyacen a esta preocupante estadística son variados y alarmantes. Algunos menores fueron acusados de asesinato durante robos, mientras que otros fueron condenados por participar en delitos sin siquiera haber portado un arma.
La mayoría de estos jóvenes provienen de entornos plagados de pobreza, abandono, racismo sistémico y abuso doméstico, factores que influyen fuertemente en sus trayectorias.
Un caso notable es el de Lionel Tate, arrestado con tan solo 12 años tras la muerte de una niña de 6 años durante un simulacro de lucha libre. Aunque su sentencia fue finalmente reducida, su historia desató un debate nacional sobre el juicio de menores como adultos.
Juan Méndez, ex Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, argumenta que la cadena perpetua para menores viola la justicia fundamental y los derechos humanos. Enfatiza que los niños aún se están desarrollando y no se les debe negar la oportunidad de rehabilitación.
A pesar de esto, algunos sistemas legales argumentan que ciertos delitos son tan graves que incluso los menores deben enfrentar los castigos más severos. Estados como Florida, Michigan y Pensilvania lideran la imposición de cadena perpetua a menores.
En los últimos años, la Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado una postura. En 2012, declaró inconstitucionales las cadenas perpetuas obligatorias para menores y, en 2016, extendió esa decisión retroactivamente.
Aún así, muchas de estas viejas sentencias siguen sin revisarse, dejando a numerosas personas tras las rejas sin una segunda oportunidad.
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